Sobre cárceles y fotomultas privadas

Está mal que el gobierno le concesione al sector privado la operación de fotomultas de tránsito por una razón: a fin de maximizar sus beneficios, al operador le reditúa que los ciudadanos comentan la mayor cantidad de actos ilegales posibles, algo que le conviene a la empresa privada, pero no a la sociedad. Cuando se privatiza un servicio como el de las fotomultas, los incentivos están chuecos.

Doy otro ejemplo para ilustrar el problema de la provisión privada de un servicio público con incentivos que no están alineados: las prisiones. En Estados Unidos se puso de moda este negocio a partir de los años ochenta con la llegada de Reagan al poder. Se formaron varias empresas operadoras de cárceles que incluso cotizan en la bolsa. Se suponía que el gobierno pagaría menos por cada preso debido a que los privados tienen una mejor capacidad de gestión de centros penitenciarios.

El negocio se expandió para incluir la construcción de penales con esquemas de asociaciones público-privadas. Todo iba viento en popa por el creciente encarcelamiento producto de la "guerra contra las drogas" en ese país. El problema es que la seguridad comenzó a mejorar en Estados Unidos a lo largo de los ochentas y noventas (véase, en este tema, el magnífico capítulo "¿Adónde se han ido todos los criminales?" del libro Freakonomics de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner). Por tanto, cada vez había menos delincuentes que encarcelar. Una buena noticia para la sociedad, pero no para las empresas operadoras de penales. Para defender su negocio, comenzaron a cabildear a las legislaturas estatales y federal para endurecer la política de encarcelamientos: pedían incrementar los delitos sujetos a prisión y el número de años de reclusión. Todo eso favorecía a los privados, no a la sociedad en su conjunto.

Según un estudio de 2001 del Departamento de Justicia, las prisiones privadas ni salían más baratas al contribuyente ni proveían un mejor servicio que las públicas (https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/181249.pdf). En 2016, el gobierno de Obama anunció que los presos federales (alrededor del 10% del total) ya no irían a cárceles privadas, argumentando que no había ahorros sustanciales y sí más incidentes violentos en estos penales. Ese día las acciones de las empresas carcelarias cayeron hasta un 50% en la bolsa.

Las corporaciones comenzaron a donar mucho dinero a la campaña de Trump, cabildeando, por un lado, que el gobierno federal las volviera a contratar si ganaba el republicano y, por el otro, que se encarcelara a los inmigrantes indocumentados durante su proceso judicial migratorio. Pues bien, ganó Trump, las acciones de las empresas carcelarias subieron como la espuma y el nuevo Presidente efectivamente suspendió la práctica de "detener y liberar" a los indocumentados. Los mercados esperan buenos negocios para estas corporaciones bajo Trump. Bien por ellos, pero no para la sociedad cuya seguridad no necesariamente mejorará con una política de más gente en las cárceles. Claramente los incentivos no están alineados.

Regresemos al caso de las fotomultas en la capital. El gobierno de Mancera las concesionó a una empresa privada. De acuerdo a un reporte en Animal Político, desde que Inteltráfico las opera, el número de infracciones aplicadas con los radares de velocidad se triplicó en un año para llegar a casi tres millones en 2016. Estamos hablando de un negocio muy rentable, ya que la empresa privada se queda "con 44% de cada multa cobrada".

Además, según el reporte, el contrato prevé "la aplicación de más de ocho mil 700 infracciones diarias, que equivalen a más de tres millones 200 mil al año" (en 2016 se quedaron cortos). Es claro que lo que le conviene a la empresa y su socio —el gobierno capitalino— es que los conductores seamos una bola de cafres para que nos multen muchísimo y así ganen mucho dinero. Pero, huelga decir, que esto no es lo mejor para la sociedad. Vamos a decir que mañana, hartos de tantas multas, los chilangos nos convertimos en ciudadanos modelo que respetamos las reglas de tránsito a cabalidad. Pues la empresa de fotomultas quebraría al día siguiente. Al privado lo que le conviene es que los conductores cometan el mayor número de actos de ilegalidad, y va a tratar de que así sea, algo no necesariamente benéfico para la sociedad en su conjunto.

La privatización es una excelente política pública cuando los incentivos de la empresa privada están alineados con los de la sociedad. No es el caso ni de las cárceles ni de las fotomultas, por lo que el Estado no debe concesionarlas a corporaciones privadas.

                Twitter: @leozuckermann